El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas, como mínimo en el 25% de las materias.
Al desestimar el recurso del gobierno catalán, el fallo del TSJC pasa a ser firme. Así lo anunciaron en una rueda de prensa de urgencia el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, que denunciaron «un nuevo ataque frontal de los jueces contra el sistema educativo catalán».
El conseller criticó «que sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua», algo que ve como «una anomalía y un menosprecio a los profesionales de la educación». Cambray insistió, además, en que el Govern mantendrá el actual modelo lingüístico y quiso mandar un mensaje de «tranquilidad» a los colegios catalanes porque, dijo, no habrá «ningún cambio».
«Seguid trabajando como hasta ahora», animó el conseller a los responsables de los centros educativos, encargados de aplicar la sentencia del TSJC.
Es más, el responsable de Educación recordó que la Generalitat, tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, ha puesto en marcha un plan precisamente para «reforzar el uso del catalán», algo que harán, subrayó, «con firmeza, convicción y realismo».
El president, Pere Aragonès, también se mostró muy crítico con la decisión del Supremo y se reunió de urgencia con entidades de la sociedad civil dedicadas a la defensa del catalán y de la escuela catalana para elaborar una respuesta conjunta.
«El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades», dijo.
Por el contrario, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al Gobierno que garantice «con todos los instrumentos del Estado» que se cumple la sentencia del Supremo y advirtió a Pedro Sánchez que incumplirla «para conten tar a socios» como ERC «sería prevaricar».
En la misma línea se expresó la portavoz popular Cuca Gamarra:
«Ahora le toca a Sánchez hacer cumplir la sentencia y defender el derecho de quienes quieren hablar y estudiar en español en su país. Le emplazamos a ello, le obliga la ley».
Societat Civil Catalana, por su parte, exigió al Govern cumplir la sentencia, que calificó de «triunfo histórico por la igualdad de oportunidades frente a un modelo reaccionario». En un comunicado, aseguró que supone «un varapalo al sectarismo lingüístico que ha practicado la Generalitat y sus organizaciones civiles satélites».
«El catalán en la escuela no se toca. La decisión del Supremo es una falta de respeto al sistema educativo»
