El acaparamiento por parte de los partidos políticos de aquellos organismos de reciente creación cuya función es abordar nuevos desafíos como es la defensa y protección de la mujer, del menor, inmigración irregular… por un lado, y aquellas otras nacidas al amparo de las nuevas exigencias ideológicas como es la Ley de la Memoria Histórica entre otras, está resultando una triste escenificación de la ambición y codicia de quienes pretenden en beneficio propio, administrar nuestras inquietudes. En ese sentido, también la politización, y la parcialidad de quienes acaparan esas funciones es más que cuestionable. Para no extenderme demasiado, me remitiré al caso de Valencia y las Baleares donde la vergonzosa negligencia de unos, fue ocultada en beneficio de las siglas que representaban, mientras que en otro caso, el mero hecho de no compartir esas siglas, generó una caza de brujas propia de totalitarismos partidistas de otros tiempos.
Voy a exponer dos casos:
A finales de 2019, saltó la noticia de la violación de una niña tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, por parte de seis adolescentes también tutelados, y un hombre mayor de edad.
Uno espera ver la constante repulsa sobre estos hechos tanto por parte de los políticos como por parte de los medios de comunicación, pero el silencio imperante atormenta los oídos.
En cambio, cuando se conoció el caso de la manada de Pamplona en el año 2016, se diseccionó en público la vida de todos los participantes, se establecieron juicios paralelos, y se acosó a los jueces que pretendían dictar sus sentencias bajo el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lugar de tomar como base las compulsiones ideológicas de una parte.
Ricardo González, el único juez que manifestó con su voto su disconformidad con lo ocurrido en Pamplona, tuvo que ser escoltado durante su permanencia en Navarra, y 750 magistrados presentaron una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para protestar por las presiones recibidas por el tribunal. De la otra manada, ni mu.……..
En Baleares sigue la función. 16 menores “protegidos” por IBDONA, cuya directora María Durán recibe un sueldo de 56.317,46€ y tutelados por el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) fueron prostituidos durante tres años, pero PSOE PODEMOS y la izquierda nacionalista, vetaron dos comisiones de investigación y tres autorías.
Mientras, desde Madrid echaban un cable con una cortina de humo amenazando a los murcianos con implantar el 155 para detener el fascismo de VOX que pretendía implantar el pin parental.
O sea, cuando conviene, se orquestan campañas ideológicas de “pro mujer” o “pro LGTBI”, y se pone en marcha la fanfarria para poder silenciar con impunidad los delitos cometidos bajo sus legislaturas, mientras se esconde a las víctimas y se silencia a los medios.………..Otro caso: El Sr. Luis Eduardo Ramírez colocado a dedo en la subvencionada Fundación Diagrama por su entonces esposa Mónica Oltra, fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por abusos sexuales reiterados a una niña de 13 años tutelada por la Generalitat Valenciana.
La denuncia de la niña se mantuvo archivada desde febrero hasta junio del 2017, y durante esos cuatro meses, no solamente nadie interrogó a la niña, sino que tampoco se trasladó el caso a la Fiscalía de Menores.
Entretanto, las vociferantes feninazis calladas como puertas porque a su criterio eso era “un asunto privado”.
La Sra. Mónica Oltra, martillo de herejes y Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, sí que se apresuró a clausurar un centro de menores de Segorbe tutelado por la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia bajo sospecha de abuso por parte de un educador que para más oprobio fue concejal del PP en el municipio.
Francisco Zarzoso, fue colocado en la picota y expuesto a la vergüenza pública, sin el derecho a la presunción de inocencia, hasta el punto de perder casa y trabajo, y verse obligado a cambiar de municipio.
Un año después el educador fue absuelto, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y el tribunal Supremo, declararon ilegal el cierre del centro religioso por saltarse todos los procedimientos, concediendo a la congregación religiosa cuatro millones de euros como indemnización. Que lo pagamos todos.
Bajo la oriflama feminista se despedaza la vida de un adversario político, y solo tiene coste para el contribuyente. Inmunidad para los inquisidores.
Los lemas “me too”, “hermana yo sí te creo” “solo sí es sí” solo son aplicables cuando el rédito político lo justifica. De la viga en su ojo mutis por el foro.
