La Caída de los Referentes Socialistas Navarros
El PSOE navarro se encuentra sumido en una crisis sin precedentes tras las revelaciones que vinculan a Santos Cerdán, secretario de Organización del partido a nivel nacional, con una polémica adjudicación de 76 millones de euros para la duplicación del Túnel de Belate. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha destapado un entramado de irregularidades que salpica directamente a la presidenta navarra María Chivite y a su tío, el consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite.
La magnitud del escándalo ha provocado que María Chivite se viera obligada a comparecer públicamente el pasado 12 de junio, momento en el que no pudo contener las lágrimas al conocer el contenido del informe de la UCO. Sus declaraciones, cargadas de emotividad, reflejaban la incredulidad ante las acusaciones contra quien consideraba “su amigo Santos Cerdán“, pero también evidenciaban el golpe mortal que este caso supone para su carrera política.
La Trama Empresarial: Servinabar en el Centro de la Polémica
El núcleo del escándalo gira en torno a Servinabar, una empresa navarra en la que, según las investigaciones de la UCO, Santos Cerdán ostenta una participación del 45% del capital social. Esta compañía formó parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que, junto a Acciona y Excavaciones Fermín Osés, se adjudicó el millonario contrato para la duplicación del Túnel de Belate el 26 de diciembre de 2023.
Lo que inicialmente podría parecer una adjudicación más dentro del ámbito de la obra pública se ha convertido en un caso paradigmático de presunta corrupción institucional. Las irregularidades documentadas van más allá de simples defectos de forma, apuntando hacia un sistema organizado de favorecimiento empresarial que habría vulnerado los principios básicos de la contratación pública.
Acciona, una de las principales constructoras del país, ha manifestado públicamente que “no tiene conocimiento ni constancia” de que Cerdán sea accionista de Servinabar. Esta declaración añade una nueva dimensión al caso, ya que plantea interrogantes sobre la transparencia en la formación de la UTE y sobre si la multinacional española fue utilizada como “pantalla” para dar credibilidad a una operación presuntamente irregular.
El Expediente de la Vergüenza: Documentos que Delatan
La reconstrucción documental realizada por medios de comunicación ha sacado a la luz un expediente plagado de irregularidades que los propios funcionarios involucrados calificaron como “carente de motivación técnica”, “falseamiento del procedimiento” y “arbitrariedad”. Estas no son acusaciones lanzadas al aire, sino valoraciones técnicas respaldadas por los votos particulares de profesionales de la administración pública navarra.
Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación, se convirtió en el principal testigo de las irregularidades cuando decidió dejar constancia por escrito de las anomalías detectadas. Su testimonio es demoledor: varios empleados del departamento le habían revelado “la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración” antes de que se comunicara oficialmente la puntuación de las ofertas.
Esta revelación implica que existía información privilegiada circulando fuera de los cauces oficiales, lo que constituye una vulneración flagrante de los principios de confidencialidad que deben regir todo proceso de contratación pública. El hecho de que personas “ajenas a la Administración” conocieran de antemano el resultado sugiere la existencia de una red de contactos que manejaba información sensible con fines presumiblemente ilícitos.
La Denuncia Interna: Un Funcionario Contra el Sistema
Lorenzo Serena no se limitó a constatar las irregularidades en el expediente oficial. Su indignación le llevó a dirigirse directamente a los partidos representados en el parlamento navarro mediante una misiva que constituye uno de los documentos más explosivos de todo el caso. En ella, el funcionario describe con detalle cómo Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación y alto cargo del departamento dirigido por Óscar Chivite, decidió personalmente adjudicar el contrato vulnerando la legalidad.
“No va en mi nómina pasar por imbécil”, escribió Serena en una frase que resume la frustración de un funcionario público que se negó a ser cómplice de lo que consideraba una manipulación del proceso. Su relato detalla cómo Polo conocía las puntuaciones del resto de miembros de la mesa antes de emitir su propia valoración, lo que constituye una irregularidad procedimental grave que vicia todo el proceso de adjudicación.
El testimonio de Serena incluye un dato especialmente significativo: cinco de los ocho miembros de la mesa reconocieron haber oído comentarios sobre que “la obra de Belate se la llevaría una concreta oferta”. Esta confesión, recogida en acta por su relevancia, demuestra que existía un conocimiento generalizado sobre el resultado de la adjudicación antes de que se produjera oficialmente.
El Papel de UPN: De la Denuncia al Desprecio Institucional
Unión del Pueblo Navarro (UPN) jugó un papel crucial al detectar las irregularidades y forzar un debate parlamentario sobre el caso. Sin embargo, la respuesta de la mayoría que apoya al gobierno de María Chivite fue de desprecio y burla hacia las denuncias presentadas. Esta actitud, que en su momento pudo parecer una demostración de fortaleza política, se ha convertido ahora en una evidencia más de la connivencia institucional con las irregularidades denunciadas.
La decisión de UPN de llevar el caso a los tribunales, inicialmente ridiculizada por el bloque socialista, se revela ahora como una actuación responsable que anticipó las graves consecuencias que el escándalo tendría para las instituciones navarras. El contraste entre la seriedad de las denuncias y la frivolidad con que fueron recibidas ilustra el grado de degradación institucional que había alcanzado el gobierno navarro.
La Valoración Técnica: Elogios Desproporcionados
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la desproporción entre los elogios vertidos sobre la propuesta de la UTE de Cerdán y las valoraciones más frías recibidas por ofertas presentadas por empresas de reconocido prestigio como Dragados, Ferrovial, Sacyr o FCC. Los informes técnicos del departamento dirigido por Óscar Chivite calificaron la propuesta ganadora con términos como “excelente análisis del proyecto” y “muy buena descripción de las actividades más complejas”.
Esta disparidad en las valoraciones cobra especial relevancia cuando se contrasta con las críticas técnicas formuladas por los miembros jurídicos de la mesa de contratación. Según el testimonio de Lorenzo Serena, los tres miembros jurídicos coincidieron en señalar “que faltaba una mínima motivación, que tras leer el informe no había forma humana de conocer las características y ventajas de la oferta seleccionada”.
El Interventor Confirma las Irregularidades
Jesús Muñoz Apesteguía, interventor de la mesa de contratación, corroboró las irregularidades señaladas por el secretario en su propio voto particular. Su análisis técnico es demoledor: el informe de valoración no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Foral de Contratos Públicos, ya que no exponía “las razones que justifican las puntuaciones” ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”.
La valoración del interventor destaca que el informe se reducía a “una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo”. Esta conclusión técnica respalda la tesis de que la adjudicación respondió a criterios ajenos a los méritos objetivos de las propuestas presentadas.
El interventor advirtió además que esta “insuficiente motivación puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores, ya que se podrían estar conculcando los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación”. Estas palabras cobran especial relevancia al constatar que empresas con amplia experiencia y solvencia técnica vieron rechazadas sus ofertas en favor de una UTE en la que presuntamente tenía intereses económicos un alto dirigente del PSOE.
Las Consecuencias Políticas: Un Gobierno Herido de Muerte
El escándalo ha golpeado de muerte al gobierno de María Chivite, que ve cómo la crisis se extiende desde el ámbito familiar —con la implicación de su tío Óscar Chivite— hasta el partidario, con la vinculación de Santos Cerdán, una de las figuras más influyentes del PSOE a nivel nacional. La presidenta navarra, que había construido su imagen política sobre la honestidad y la transparencia, se encuentra ahora en una posición insostenible que compromete gravemente su futuro político.
La emotividad mostrada por Chivite en su comparecencia del 12 de junio, lejos de generar simpatía, ha sido interpretada como una confirmación de su conocimiento sobre las irregularidades cometidas. Sus lágrimas, que inicialmente buscaban transmitir sorpresa e indignación, se han convertido en un símbolo de la decadencia moral de un proyecto político que había prometido regenerar la vida pública navarra.
La Dimensión Nacional: Cerdán en el Punto de Mira
La implicación de Santos Cerdán trasciende el ámbito navarro para convertirse en un problema de primer orden para el PSOE a nivel nacional. Como secretario de Organización del partido, Cerdán es una de las figuras más poderosas de la formación socialista, con influencia directa en los procesos de selección de candidatos y en la estrategia electoral del partido.
Las revelaciones sobre su presunta participación en Servinabar plantean interrogantes sobre la compatibilidad entre sus responsabilidades públicas y sus intereses empresariales privados. Si se confirman las acusaciones, Cerdán habría utilizado su influencia política para favorecer económicamente a una empresa de la que era accionista, lo que constituiría un caso flagrante de tráfico de influencias y corrupción.
La situación de Cerdán se complica además por su proximidad al círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien deberá decidir si mantiene su confianza en uno de sus colaboradores más estrechos o sacrifica su figura para salvar la credibilidad del partido.
El Registro Mercantil: La Pista de Antxon Alonso
La investigación ha puesto el foco en Antxon Alonso, empresario que figura en el Registro Mercantil como propietario único de Servinabar, configurada como “sociedad unipersonal”. Sin embargo, la UCO lo señala como “empresario compinche de Cerdán“, sugiriendo que su papel sería el de testaferro para ocultar la verdadera propiedad de la empresa.
Esta estructura societaria opaca es característica de los esquemas de corrupción más sofisticados, donde los verdaderos beneficiarios económicos ocultan su participación mediante figuras interpuestas. Si se confirman las sospechas de la UCO, estaríamos ante un caso de ingeniería financiera diseñada específicamente para eludir los controles administrativos y facilitar el acceso privilegiado a contratos públicos.
La Trascendencia de la Obra: Seguridad Europea en Juego
El escándalo adquiere una dimensión adicional al considerar la importancia estratégica del Túnel de Belate. Según consta en los documentos del expediente, se trata de una obra “cuya trascendencia social y económica no puede perderse de vista”, ejecutada para cumplir con la normativa europea en materia de seguridad en infraestructuras de transporte.
La adjudicación irregular de una obra de esta envergadura no solo compromete los recursos públicos navarros, sino que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de seguridad vial. Esta dimensión europea del caso podría tener consecuencias que trasciendan el ámbito nacional, especialmente si las instituciones comunitarias deciden investigar el uso de fondos europeos en el proyecto.
El Futuro Incierto: Dimisiones y Consecuencias Judiciales
El desarrollo de los acontecimientos apunta hacia un desenlace traumático para los protagonistas del escándalo. La presión mediática y judicial hace insostenible la continuidad de María Chivite al frente del gobierno navarro, mientras que Santos Cerdán enfrenta un futuro incierto en el PSOE nacional.
Las consecuencias judiciales del caso están aún por determinar, pero la gravedad de las irregularidades documentadas sugiere que nos encontramos ante un proceso que podría derivar en condenas por corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La solidez de las evidencias documentales y testimoniales hace prever que la justicia actuará con contundencia en un caso que ha conmocionado la vida política española.
El escándalo del Túnel de Belate se configura así como uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años, con ramificaciones que alcanzan los más altos niveles del PSOE y que ponen en evidencia la persistencia de prácticas corruptas en las instituciones públicas españolas.
