Que la sociedad civil se organice y actúe de contrapeso ante los poderes del Estado cuando estos no responden a las necesidades que la sociedad que lo sustenta reclama, tiene su sentido.
El activismo social reúne en el tiempo episodios impregnados de justicia y heroísmo, razón por la cual cuesta mucho evaluar con justicia aquellas manifestaciones cuyo contenido y exigencias son agradables al oído de quien reivindica mejoras en nuestra sociedad.
Pero… ¿es siempre así?
A mi parecer hay una doble o triple vara de medir no tanto en cuanto al contenido de la exigencia, como del objetivo a derribar.
Un joven rapero está movilizando esta noche a una parte de la sociedad catalana que entiende no solo que ha sido injustamente condenado, sino que además como víctima es otro ejemplo del Estado español opresor, a través de su sistema de justicia.
No es casualidad que así sea.
En los últimos años en Cataluña, y también en otras zonas del estado, cuando el nacionalismo o la izquierda radical, encuentra ventajoso manifestarse a favor de algo, en este caso la libertad de expresión, lo hace obviando el error del condenado, maquillándolo a su conveniencia.
Recordemos un ejemplo anterior donde un bárbaro dejó tetrapléjico a un policía, y hasta la alcaldesa de Barcelona apoyó la plataforma a favor de su persona, por el mero hecho de ser un antisistema con el que sintonizaba, hasta que tiempo después asesinó a un ciudadano por lucir unos tirantes con los colores de la bandera española.
Un día lo usan como símbolo de sus delirios, y al siguiente otros pagan las consecuencias.
Esas contradicciones no son nuevas en la sociedad catalana, y tampoco en otras. Cuando el Parlament Catalá fue asediado hace unos años, obligando a sus miembros a entrar o salir protegidos por los mossos, el stabliment político, reclamó justicia y altas penas a los protagonistas de esa ofensa.
Años después, el mismísimo President de la Generalitat alentaba a las mismas tribus a desestabilizar el sistema al que él mismo pertenecía.
Extraña contradicción, o quizás no tanta, si consideramos las oscuras maniobras de quienes hoy gobiernan y subyugan a gran parte de la sociedad catalana.
Estos titiriteros en la sombra, no nos son desconocidos. TV3 ha estado todo el día alimentando y justificando cualquier reacción contra el sistema judicial español, y los líderes de las plataformas nacionalistas y podemitas han aprovechado la oportunidad para hacer oír su voz a favor de un personaje que incumple la ley injuriando y calumniando sin querer asumir las consecuencias.
Nueve meses de condena no parece mucho, y de hecho no debería pisar la prisión si no fuera por la acumulación de hechos igualmente condenables.
Que este muchacho busque protección en el enrarecido ambiente universitario, con los riesgos que esto implica para terceros, sugiere que es un cobarde irresponsable, o que está siendo usado por los mismos de siempre.
La prisión es una condena que a mi parecer debería limitarse a los delitos violentos.
Casi todos los demás podrían abordarse con multas proporcionadas o trabajos para la comunidad.
Pero que nadie se engañe. El activismo contra la justicia solo aparece y de forma contundente cuando ciertos elementos tóxicos que forman parte del stabliment sociopolítico, obtienen la rentabilidad a sus oscuras maniobras.
Así nos va.
