El Senado ha dedicado buena parte de la mañana a una escena muy española: mucha solemnidad, mucha pregunta afilada y una compareciente decidida a no regalar ni una sílaba. María Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido este lunes en la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI y se ha acogido a su derecho a guardar silencio por su condición de investigada en la causa judicial relacionada con el rescate de Plus Ultra. Traducción al castellano parlamentario: el hemiciclo ha puesto el decorado, pero el guion venía cerrado de casa.
Silencio con micrófono y foco
La comparecencia ha arrancado con una breve declaración y con una idea central bastante simple: Alcázar no iba a contestar. Ha explicado que su decisión responde al consejo de su defensa y a la necesidad de preservar sus derechos fundamentales mientras sigue abierto el procedimiento penal. También ha dejado dicho que su silencio “no es un desaire”. Y ahí se ha quedado el asunto, porque a partir de ese momento lo que ha tenido lugar no ha sido exactamente un interrogatorio productivo, sino una demostración práctica de que se puede llenar una sala de política con respuestas que nunca llegan.
PP y Vox han lanzado preguntas sobre su relación con el entorno de Zapatero, sobre el caso que se investiga y sobre distintas derivadas políticas del asunto, pero no han obtenido respuesta. El silencio ha sido total y sostenido, que también tiene mérito logístico. Mientras tanto, el PSOE ha arropado a la compareciente en una imagen que vale políticamente casi tanto como cualquier declaración: cuando una comisión se convierte en escaparate, cada gesto cuenta, cada pasillo cuenta y cada foto vale su pequeño lingote de relato.
El artículo 24 entra en la sala y se sienta el primero
Conviene separar una cosa de la otra, aunque a la política le dé pereza. Una comisión parlamentaria no sustituye a un juzgado y una persona investigada tiene derecho a no declarar si entiende que hablar puede perjudicar su defensa. Eso no convierte la escena en menos incómoda, pero sí la coloca en su sitio jurídico. Lo que ha ocurrido hoy en la Cámara Alta es, antes que nada, el choque entre dos lógicas: la del derecho de defensa y la del rendimiento político inmediato.
La oposición quería respuestas y, sobre todo, quería la imagen de estar exigiéndolas. El socialismo quería blindarse, marcar distancia con el ruido y evitar que la comisión se transformara en un festival de titulares todavía más tóxicos. Entre una estrategia y la otra, el resultado ha sido una sesión muy expresiva y muy poco informativa. Una maravilla para los amantes del simbolismo; una pequeña estafa emocional para quien todavía esperaba datos nuevos en sede parlamentaria.
Mucho teatro institucional, pocas certezas nuevas
La comisión del Senado sale de esta mañana con una imagen potente, pero con muy poco material fresco. El PP puede vender que puso a una figura relevante del entorno de Zapatero ante los focos. El PSOE puede responder que no se puede exigir a una investigada que convierta su comparecencia en una autolesión en directo. Y el ciudadano medio, ese ser mitológico al que todos invocan y casi nadie escucha, se queda con la sospecha de que el Parlamento a veces funciona como una cadena de montaje de escenas impactantes que luego producen menos certezas que un horóscopo de ascensor.
Lo sustancial sigue fuera de la comisión. La causa judicial continúa en la Audiencia Nacional y será ahí, no entre golpes de efecto y turnos de palabra, donde se determine qué recorrido tienen las sospechas sobre el rescate de Plus Ultra y las actuaciones bajo examen. Mientras tanto, la política hace lo que mejor sabe hacer cuando no puede cerrar un asunto: ocupar el espacio, estirar el gesto y vender interpretación. En eso, desde luego, la sesión ha sido un éxito rotundo. En esclarecer hechos, bastante menos.