El principio del fin: una decisión histórica
El Tribunal Supremo ha escrito una página sin precedentes en la historia judicial de España. Por primera vez, el máximo representante del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, será juzgado como un presunto delincuente. Álvaro García Ortiz se enfrentará a un juicio por un presunto delito de revelación de secretos, un hecho que no solo pone en jaque su carrera, sino también la imagen de imparcialidad del propio Ministerio Fiscal.
El detonante: el novio de Ayuso
Todo estalló cuando se produjo una filtración a la prensa de un correo electrónico confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En dicho correo se admitía que el empresario había cometido “ciertamente dos delitos contra la Hacienda Pública”.
El contenido de ese correo era privado, reservado y estaba protegido por protocolos de confidencialidad. Sin embargo, ese documento apareció publicado en la Cadena SER, en un momento de alta tensión política y mediática. El magistrado Ángel Hurtado, del Supremo, lo tiene claro: los indicios apuntan directamente al fiscal general.
Las maniobras de la Fiscalía
El auto judicial es demoledor. El juez Hurtado describe cómo, tras la publicación de una noticia en el diario El Mundo, García Ortiz entró en un frenesí de comunicación con otros fiscales para “ganar el relato” y evitar que pareciera que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. Se intercambiaron mensajes por WhatsApp a toda velocidad y se tomaron decisiones precipitadas.
El punto más grave: la orden directa del fiscal general a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para que esa misma noche reclamara los correos confidenciales del abogado de González Amador. A las pocas horas, esa información ya estaba en manos de los medios.
La gravedad del delito
Revelar correspondencia confidencial entre un abogado y un fiscal no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también socava la confianza en las instituciones. El juez Hurtado destaca que esta filtración afecta al derecho de defensa del investigado y compromete gravemente el prestigio del Ministerio Fiscal, que está obligado a actuar con legalidad e imparcialidad.
El auto del juez subraya que “la información fue obtenida en virtud del cargo” y que, al divulgarse a terceros sin autorización del afectado, se vulneró el principio de reserva que rige todo proceso penal.
La versión de la defensa y el eco político
Desde el entorno del empresario González Amador, las reacciones no se hicieron esperar. Su defensa presentó denuncia ante el Supremo por revelación de secretos, lo que provocó la apertura de diligencias por parte de la Sala de lo Penal. En octubre de 2024, el Alto Tribunal decidió por unanimidad investigar tanto a García Ortiz como a Pilar Rodríguez.
Este caso ha provocado una tormenta política. Para muchos, es la evidencia de la utilización partidista de las instituciones del Estado. Para otros, se trata simplemente de una imprudencia grave en un contexto de presión mediática. En cualquier caso, el daño está hecho.
Un Ministerio Fiscal bajo la lupa
La imagen del Ministerio Fiscal se tambalea. La revelación de este correo electrónico plantea una pregunta inquietante: ¿pueden los ciudadanos confiar en que sus comunicaciones privadas con la Fiscalía estarán protegidas?
El protocolo de conformidad entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía exige la máxima reserva. Y sin embargo, en este caso, fue vulnerado de manera clamorosa. El auto judicial afirma que los implicados “dieron publicidad a información que no debió salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”.
El siguiente paso: apertura de juicio oral
El juez Hurtado ya ha dado traslado del caso a la Fiscalía y a las partes personadas. Ahora, disponen de diez días para formular escrito de acusación, pedir el sobreseimiento o solicitar diligencias complementarias. Todo apunta a que en las próximas semanas se abrirá formalmente el juicio oral contra el fiscal general del Estado.
De confirmarse la acusación, estaríamos ante un hecho sin precedentes que podría sentar jurisprudencia y cambiar para siempre la relación entre la Fiscalía y los ciudadanos.
